El artículo 835 del Código de Procedimiento Civil establece dos mecanismos distintos de medidas cautelares ante el tribunal judicial: las medidas conservatorias (apartado 1) y el anticipo de pago o la orden de cumplimiento (apartado 2). Cada vía está sujeta a condiciones diferentes y protege intereses distintos. Comprender cómo se articulan evita elegir un fundamento inadecuado, una de las causas frecuentes de desestimación de las solicitudes de medidas cautelares civiles.
Legitimación para solicitar medidas cautelares: un requisito previo que suele subestimarse
Antes incluso de examinar la urgencia o el fundamento de una solicitud, el juez de medidas cautelares debe comprobar que el demandante está legitimado para actuar. Este requisito, que se deriva del artículo 31 del Código de Procedimiento Civil, se aplica plenamente en este ámbito.
El Tribunal de Casación lo recordó el 19 de septiembre de 2024 (Sala Tercera de lo Civil): el juez de medidas cautelares debe pronunciarse sobre la falta de legitimación, aunque la impugnación sea seria. La excepción de inadmisibilidad no puede rechazarse alegando que plantea una cuestión que corresponde resolver en cuanto al fondo.
Una sentencia del 23 de enero de 2025 (Sala Tercera de lo Civil) ilustra esta distinción. Un inquilino solicitó en el marco de un procedimiento cautelar que se restableciera un paso vinculado al inmueble arrendado. El Tribunal reconoció su legitimación para invocar una perturbación manifiestamente ilícita derivada de la obstrucción del acceso, pero consideró que no estaba legitimado para que se reconociera la existencia misma de la servidumbre, cuestión que corresponde al juez de fondo.
Por tanto, analizar la legitimación para solicitar medidas cautelares a la luz del artículo 835 del CPC y sus requisitos exige distinguir con precisión qué solicita el demandante: una medida conservatoria provisional o el reconocimiento de un derecho sustantivo.
Medidas conservatorias del artículo 835, apartado 1: perturbación ilícita y daño inminente
El apartado 1 del artículo 835 permite al juez ordenar medidas conservatorias o de restablecimiento de la situación anterior en dos supuestos: prevenir un daño inminente o poner fin a una perturbación manifiestamente ilícita. En este caso, no se exige la urgencia prevista en el artículo 834.
Perturbación manifiestamente ilícita: precisiones de la jurisprudencia reciente
El carácter «manifiesto» de la ilicitud significa que la infracción debe ser evidente, sin que sea necesario un examen exhaustivo del fondo. El juez no resuelve el litigio: constata una vulneración flagrante de un derecho o de una norma jurídica.
El Tribunal de Casación ha ampliado este concepto a los litigios digitales. El 10 de julio de 2024, la Sala Primera de lo Civil declaró que la difusión de imágenes grabadas sin autorización en locales privados constituye una perturbación manifiestamente ilícita, aunque no se haya identificado a quien realizó la grabación ni se haya probado que hubo una intrusión física. Antes de ordenar que cesara la difusión, el juez ponderó este derecho frente a la libertad de información y el interés general del debate.
Esta decisión confirma que las medidas conservatorias del artículo 835, apartado 1, también permiten responder a vulneraciones en línea, donde la rapidez de la intervención determina la eficacia de la medida.
Daño inminente: una amenaza que aún no se ha materializado
El daño inminente se distingue de la perturbación ilícita por el momento en que se produce. Aún no ha ocurrido, pero es lo bastante probable y próximo como para justificar una intervención preventiva. El demandante debe aportar elementos concretos que hagan verosímil el perjuicio, no limitarse a expresar un temor hipotético.
- La perturbación manifiestamente ilícita se refiere a una vulneración actual y evidente de un derecho, que puede constatarse sin examinar el fondo.
- El daño inminente se refiere a una amenaza futura, pero acreditada, que justifica la adopción de medidas preventivas.
- En ambos casos, el juez puede intervenir aunque exista una impugnación seria sobre el fondo del derecho, lo que distingue el apartado 1 del artículo 834.
Anticipo de pago del artículo 835, apartado 2: una obligación que no puede impugnarse seriamente
El apartado 2 del artículo 835 autoriza al juez a conceder un anticipo al acreedor o a ordenar el cumplimiento de una obligación, siempre que esta no pueda impugnarse seriamente. Este mecanismo difiere radicalmente del previsto en el apartado 1.
En este caso, el juez no necesita constatar una perturbación ni un daño. Evalúa si la obligación es evidente. Una factura impagada acompañada de un pedido firmado y de un requerimiento de pago que no ha recibido respuesta constituye un ejemplo clásico de obligación que no puede impugnarse seriamente.
El límite reside en el propio concepto de «impugnación seria». Si el demandado plantea argumentos de fondo que no son ni infundados ni dilatorios, el juez de medidas cautelares debe declararse incompetente y remitir el asunto al juez de fondo. La valoración de este umbral depende de las circunstancias de cada caso: cada tribunal evalúa la credibilidad de los argumentos de la defensa a la luz de las pruebas aportadas.
Relación entre los artículos 834 y 835 del CPC: qué fundamento elegir
El artículo 834 supedita la intervención del juez de medidas cautelares a que exista urgencia y no haya una impugnación seria. El artículo 835, apartado 1, en cambio, no exige urgencia y se aplica incluso si existe una impugnación seria, siempre que se acredite una perturbación manifiestamente ilícita o un daño inminente.
- Artículo 834: exige urgencia y no admite una impugnación seria.
- Artículo 835, apartado 1: no exige urgencia y la impugnación seria no es relevante, pero debe acreditarse una perturbación ilícita o un daño inminente.
- Artículo 835, apartado 2: no exige urgencia ni una perturbación, pero la obligación no debe poder impugnarse seriamente.
- Artículo 145 (no tratado aquí): medida de instrucción antes de iniciar un proceso, con una finalidad probatoria distinta.
La elección del fundamento determina la carga de la prueba y el tipo de medida que puede obtenerse. Si el demandante invoca el artículo 834 y la parte contraria plantea una impugnación seria, su solicitud será desestimada, aunque se cumplieran los requisitos del artículo 835, apartado 1. El fundamento jurídico determina directamente el resultado de la solicitud de medidas cautelares.
La resolución dictada en el procedimiento cautelar es provisional y no resuelve el fondo del litigio. No tiene autoridad de cosa juzgada sobre el fondo, lo que significa que las partes conservan la posibilidad de acudir al juez de fondo para obtener una decisión definitiva. Este carácter provisional explica por qué el juez de medidas cautelares puede pronunciarse con rapidez sin quedar condicionado por la complejidad jurídica del asunto.
